Las cifras dadas a conocer el mes pasado revelan la enorme magnitud del fraude en la asistencia sanitaria en todo el mundo. Ben Jones y Amy Jing dan a conocer algunos esfuerzos por hacer frente «al último de los grandes costos de la asistencia sanitaria que aún no se reduce».
La carrera delictiva de Stephen y Linda Schneider llegó a su fin. El matrimonio de médico y enfermera había operado un «pill mill» —un dispensario ilegal de medicamentos que solo se venden con receta— en el estado de Kansas, en EUA. El año pasado fueron declarados culpables de fraude y otros delitos y sentenciados, respectivamente, a 30 y 33 años de cárcel.
Las transacciones ilegales del matrimonio ocasionaron más de un centenar de casos de sobredosis que obligaron a los afectados a acudir a los servicios de urgencias y se vincularon con 68 muertes. La investigación del caso, que tardó cuatro años y en la que intervinieron una docena de cuerpos policiacos y organizaciones de asistencia sanitaria, recibió en 2010 el premio a «la investigación del año» otorgado por la Asociación Nacional contra el Fraude en la Asistencia Sanitaria de los Estados Unidos.
A diferencia del caso Schneider, la mayor parte de los fraudes de la asistencia sanitaria son lo que los especialistas denominan «de gran volumen y poco valor». La falsificación de la firma de un médico en una receta o el robo de material médico esencial puede parecer trivial, pero cuando se va sumando alcanza miles de millones de dólares al año
De acuerdo con la OMS, del gasto anual mundial en asistencia sanitaria, US$ 5,7 billones. Cada año, un 7,29% de ese total (unos US$ 415 000 millones) se pierde a causa de los fraudes (y los errores), según las cifras dadas a conocer el mes pasado por el Centro de Estudios para Combatir el Fraude de la Universidad de Portsmouth y la empresa de contabilidad PFK en el Reino Unido.
Ningún país está exento. El fraude afecta a toda clase de sistemas de asistencia sanitaria, sean públicos o privados.
El fraude en la asistencia sanitaria adopta muchas formas: desde el robo de una silla de ruedas hasta las bandas de la delincuencia organizada que roban información de los pacientes y establecen empresas ficticias que cobran a las aseguradoras por unos «servicios fantasma».
Fuente: OMS
