Aunque todavía divide a la opinión pública, la mayoría de los estadounidenses cree que la ley sobre el cuidado de la salud patrocinada por el presidente Barack Obama llegó para quedarse.
Más de siete de cada 10 personas consultadas considera que la ley entrará en efecto plenamente con algunos cambios, de menores a mayores, según una nueva encuesta de Associated Press-GfK.
Solo el 12% cree que la Ley de Cuidado de Salud Asequible –conocida coloquialmente como «Obamacare»– será repelida en su totalidad.
La ley –que abarca a 30 millones de personas sin seguro de salud, requiere que prácticamente todos tengan seguro y prohíbe a los aseguradores rechazar a los enfermos– sigue siendo tan controversial como cuando fue aprobada hace dos años. Y todavía falta más de un año antes de que sus principales disposiciones entren en vigencia el 1 de enero del 2014.
Aunque sobrevivió un cuestionamiento ante la Corte Suprema en junio, la elección de noviembre probablemente determinará su futuro. El candidato presidencial republicano Mitt Romney amenaza rechazarla desde el primer día mientras que Obama promete llevarla a cabo fielmente.
Pero la encuesta halló que los estadounidenses coinciden en que la ley será parte de sus vidas, aunque probablemente con modificaciones.
«La gente parece que estuviera haciendo un promedio con las posiciones de los candidatos», dijo el profesor Robert Blendon, de la facultad de salud pública de Harvard, que rastrea las encuestas sobre el cuidado de la salud.
El 41% considera que la ley será puesta en vigencia con cambios menores y el 31% con modificaciones de mayor magnitud. Solamente el 11% cree que será implementada tal como fue aprobada.
Los estadounidenses también prefieren que los estados tengan una sólida injerencia en las modificaciones que se le apliquen.
El 63% desea que los estados abran nuevos mercados para el seguro de la salud llamados «centros de intercambio» («exchanges»). A partir del 2014, dichos centros inscribirían a individuos y pequeños negocios para una cobertura privada subsidiada por los contribuyentes.
Como los gobernadores republicanos siguen sin apoyar la iniciativa, el gobierno federal podría terminar operando los centros en la mitad o más de los estados, un resultado que solamente el 32% de los consultados estaría dispuesto a aceptar, según la encuesta.
La consulta se llevó a cabo del 3 al 13 de agosto con 1.334 entrevistas a adultos escogidos al azar en toda la nación, con un margen de error de 3,4%.
Fuente: Associated Press
