El caso de Edgard «N», «El Ponchis», de 14 años de edad, acusado de degollar a los adversarios del Cártel de los Beltrán Leyva en Morelos, recuerda los relatos de menores de edad reclutados por guerrillas o en las guerras por grupos armados, pero en México, su historia no es la primera.
Según información el presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Senado, Felipe González, reveló que de 115 mil detenidos por narcotráfico, sólo hay 20 mil en cárceles, además de que el 35 % de estos serían menores de edad.
La captura del niño sicario estuvo precedida por la detención de otro grupo de adolescentes sicarios, quienes relataron la historia de «El Ponchis» y sus hermanas «Las Chabelas», también muy jóvenes. Las hermanas de «El Ponchis» presuntamente se encargaban de «enganchar» a sus víctimas y tirar los cadáveres en las carreteras.
A finales de septiembre de 2010, agentes de policía, en el sur de Texas, arrestaron a una mujer luego de que sus vecinos reportaron que su hija de 4 años había tratado de vender un «ladrillo» de mariguana.
Una situación más grave se reveló cuando en febrero de este año, una menor de edad fue detenida en el municipio de Cárdenas y reveló que hay centros de entrenamiento en Tabasco para niños de ese grupo delictivo.
En ese mes, en Querétaro, una niña de 11 años, involucrada -junto con otros dos menores de edad- presuntamente en narcotráfico, fue liberada y puesta en custodia de sus padres, dado que legalmente no podía ser retenida.
Es la persona más joven que es detenida en ese estado por delito contra la salud, en su modalidad de posesión de narcóticos con fines de comercio en agravio de la salud pública.
La utilización de niños en el narcotráfico es cada vez más frecuente, los niños y jóvenes son carne de cañón o «bolsa de trabajo» del narco -como señaló el año pasado el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien acuñó el término «ni-ni».
A pesar de que el Senado aprobó el dictamen de ley general de justicia para adolescentes, en el caso de menores de 14 a 18 años, en el que se establece un castigo severo con privación ilegal de libertad, los cárceles para albergar a los indiciados tendrían que construirse y no hay presupuesto para ello.
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