La justicia australiana desestimó la demanda de las tabacaleras contra la obligación de vender cigarrillos con empaquetados genéricos para luchar contra el tabaquismo, pero la compañía Philip Morris prometió una larga lucha jurídica internacional.
La Alta Corte de Sídney, cuyos fallos no pueden ser apelados, decidió que la nueva ley no era contraria al espíritu de la Constitución australiana y rechazó el recurso de Philip Morris, British American Tobacco, Japan Tobacco International e Imperial Tobacco.
A partir del 1 de diciembre, los cigarrillos distribuidos en Australia serán vendidos en paquetes con diseño y forma idénticos para todas las marcas, los paquetes tendrán un color verde oscuro y estarán cubiertos por las advertencias habituales. Tendrán como único elemento distintivo la marca y el nombre del producto, impresos, no obstante, con los mismos caracteres.
Los productores de tabaco cuestionaban esta medida ya que, argumentaban, violaba el derecho de la propiedad intelectual y daba a los falsificadores mayor facilidad para copiar los paquetes.
Es un giro para el control del tabaco en el mundo, los gobiernos del mundo entero vigilan estrechamente lo que pasa sobre este tema en Australia y algunos podrían seguir nuestros pasos, dcomentó la ministra de Justicia, Nicola Roxon.
La ministra evocó, entre otros, a Canadá, Nueva Zelanda y varios países de la Unión Europea. El mensaje enviado al resto del mundo es que la industria del tabaco puede ser vencida.
Por su parte, British American Tobacco declaró que respetaría la «mala ley», pero advirtió que traería consigo una explosión del mercado negro porque el paquete genérico facilitará la falsificación y beneficiará solamente al crimen organizado.
Su rival Philip Morris se mostró menos conciliadora e hizo saber que emprendería acciones en Hong Kong porque la decisión de la Alta Corte infringe, un tratado de inversión bilateral firmado entre Australia y el territorio chino.
Unos 15.000 australianos mueren cada año por enfermedades relacionadas con el tabaco, lo que cuesta 31.500 millones de dólares australianos (unos 33.000 millones de dólares) al país, teniendo en cuenta la atención médica y la pérdida de productividad.
La directora general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Margaret Chan, celebró esta histórica decisión de la justicia australiana y espera que tenga un «efecto dominó» en otros países.
