El inédito caso de dos enfermeros procesados el domingo por la noche por el homicidio de al menos 16 pacientes y de una enfermera como cómplice, horrorizó a la sociedad uruguaya y conmocionó al sector médico.
Once de los homicidios atribuidos a Ariel Acevedo, de 46 años, se produjeron en un CTI (Centro de Tratamiento Intensivo) neuroquirúrgico de la privada Asociación Española, una de las clínicas más grandes del país y donde trabajaban los tres acusados.
Los otros cinco fueron en una unidad de cuidados intermedios (cardiología) del público Hospital Maciel, donde trabajaba quien fue identificado por medios locales como Marcelo Pereira, de 40 años de edad.
Hasta ahora la justicia no ha comprobado que los imputados ejecutaran a sus víctimas en forma coordinada, aunque sí vínculos.
Los enfermeros «eran amigos entre ellos a tal punto que mi cliente era el padrino de la niña» del otro implicado, declaró Inés Massiotti, abogada de Acevedo.
Acotó que «acá no hay una organización, ni una asociación criminal» por los métodos diferentes usados para matar a las víctimas.
Un imputado asesinaba inyectando aire por vía intravenosa, lo que provocaba una embolia pulmonar y paro cardíaco, mientras que el otro inyectaba anestésicos.
Con el tiempo se filtraban detalles cada vez más sórdidos sobre el accionar de los enfermeros, que alegaron en su defensa que «no querían ver sufrir a la gente», algo descartado de plano por las autoridades.
«La hipótesis de piedad cae cuando en el caso que detonó todo, la persona ya estaba dada de alta y falleció a raíz de las actuaciones de una de las personas», enfatizó el comisario Rosas.
Si bien la primera denuncia fue en enero, el caso que aceleró las pesquisas ocurrió la semana pasada, con la muerte de Santa Gladys Lemos, una mujer diabética de 74 años y dada de alta tras 12 días de hospitalización.
Los médicos sospecharon y ordenaron una autopsia, que encontró lidocaína (anestésico) en el cuerpo de Lemos, algo que no había sido recetado.
Ahora la justicia analiza la exhumación de los cadáveres de las otras víctimas, para comprobar «si esta sucesión de crímenes efectivamente fue hecha en los términos que ellos mencionaron», dijo el vocero de la Suprema Corte de Justicia, Raúl Oxandabarat.
El Ministerio de Salud Pública (MSP) anunció el lunes investigaciones administrativas en los sanatorios donde ocurrieron las muertes y convocará a un experto extranjero que lo asesore en materia de controles.
Además, creó una comisión para informar a familiares de las víctimas, dijo el ministro de Salud, Jorge Venegas, quien calificó a los enfermeros involucrados de «asesinos seriales».
El MSP iniciará además en los próximos días inspecciones en el sector privado y público de todas las unidades de cuidados especiales mientras que la Comisión de Seguridad del Paciente aumentará los controles y elaborará una guía práctica para actuar ante los casos de muertes «sin diagnóstico claro».
Por su parte, el Directorio de la Administración de Servicios de Salud del Estado (Asse) afirmó que los casos se produjeron «en un contexto aislado, de difícil previsión».
A su vez, la Asociación Española sostuvo en una nota que los hechos «que marcan la presencia de una modalidad sorpresiva e inédita, nacidos de conductas individuales criminales, vulneraron los protocolos de control».
En cambio, la presidenta del sindicato de enfermeros, Silvia Santana, dijo: «Nosotros nos estamos preguntando qué pasó con los controles, porque no estuvieron».
